INFORME LA SITUACIÓN DE LOS REDUCTOS CULTURALES EMPEORA "No hay ciudad sin poesía" Distintas organizaciones sociales aseguran que, en lo que va de 2009, el gobierno porteño desalojó 17 centros culturales barriales. Se trata de espacios nacidos tras la crisis de 2001, autogestionados, que ofrecen actividades a los vecinos y tienen un fuerte perfil crítico del Estado. Mientras hay pocas respuestas oficiales, desde estos ámbitos denuncian un plan armado para terminar con este movimiento de "resistencia cultural". "No hay ciudad sin poesía". Ese fue el slogan del Gobierno de la Ciudad para conmemorar, el año pasado,el Día Internacional de la Poesía, que incluyó entre sus actividades talleres literarios, musicales y teatrales. Al mismo tiempo, y casi a contramano de aquella máxima, en lo que va de 2009 clausuró y desalojó, en algunos casos violentamente, más de 17 centros culturales barriales, según vienen denunciando distintas organizaciones sociales que los manejan en forma autogestiva. La mayoría de los sitios clausurados son espacios nacidos a principios de esta década, hijos del "que se vayan todos" y la crisis de 2001; lugares de "resistencia" y militancia cultural, por naturaleza opositores a toda gestión oficial, y especialmente críticos del actual gobierno macrista. Ya en sus primeros pasos, la actual gestión recortó los presupuestos destinados a subsidiar diferentes tipos de talleres y actividades que se hacían en algunos de estos centros barriales. A principios de este año, la acción fue más directa y comenzaron los desalojos. Desde la vereda de enfrente, lo traducen sin medias tintas: "Sin duda que esto que sucede no es casual, sino planificado. Se busca transformar a Buenos Aires en una ciudad elitista, donde solo puedan vivir quienes puedan pagar mucho por todo", afirma Patricio Lerner, uno de los integrantes del Centro Cultural La Sala, un espacio de Caballito que aún funciona y en el que se realizan actividades que van desde talleres de yoga hasta proyección de documentales, por lo general testimoniales y de fuerte contenido político. ETER intentó comunicarse en varias oportunidades con distintas dependencias del Gobierno porteño, pero en todas derivaron la responsabilidad sobre los desalojos a otras áreas, cuando no se negaron a dar información. En una de las pocas en las dieron una respuesta fue en la ya polémica y cuestionada Unidad de Control de Espacio Públicos (UCEP), que actúa en forma directa junto a la Policía en los operativos de desalojo. "Las acciones llevadas adelante por la UCEP están amparadas por el decreto 1232/08 y por el Anexo 2/13", explicaron. Y agregaron: "Por las nuestras no hacemos desalojos. Nuestra función es informar al particular que están en infracción; si intervenimos es bajo orden judicial". A pesar de la habitual reticencia oficial a hablar abiertamente del tema, la situación tomó estado público el 19 de mayo de este año, cuando fue desalojada la Huerta Orgázmika de Caballito. El espacio funcionaba en un terreno recuperado sobre las vías del ex ferrocarril Sarmiento. Ese día, sus integrantes -muchos de ellos vinculados también a La Sala- fueron reprimidos por UCEP y detenidos por la policía en el procedimiento para desalojar la huerta. "Un día antes, de manera ilegal, sin una orden judicial y de noche, el Gobierno de Macrilandia destruyó en unas cuatro horas un ecosistema desarrollado durante siete años", acusa Lerner. Ese predio, con más de cien especies de plantas, frutas, verduras y hortalizas, había sido construido sobre escombros por un grupo de jóvenes autodenominados "anarquistas", después de la crisis de 2001. Lerner comenta que, previo al desalojo, tuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Espacio Público y del CGP N° 6 donde buscaban "una solución en conjunto" que nunca llegó. La explicación para el cierre, luego, fue un foco de dengue que supuestamente podría haber producido una bañadera con agua. La Comuna argumentó en ese momento que el procedimiento, realizado conjuntamente por el Ministerio de Seguridad y el de Espacio Público de la Ciudad, fue promovido a raíz de "informes del Instituto Pasteur y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en los que se alertaba sobre riesgo ambiental y sanitario", producto de "una letrina, un horno y dos bañeras que eran utilizadas al aire libre". En un comunicado, aseguraron que el lugar había sido usurpado hacía ocho años por un grupo de personas, quienes, además, incumplían con las mínimas medidas de seguridad, higiene y sanidad. Desde el blog del Centro Cultural La Sala hacen otra lectura: sostienen que estos "ataques" se producen como "una forma de combatir a la cultura que no está mercantilizada, como quiere el PRO". A partir del caso de Orgázmika, las quejas por los cierres y, en muchos casos, las denuncias de irregularidades en los desalojos, empezaron a poblar blogs y distintas páginas de Internet, y a tener cierta repercusión en medios masivos. En algún caso, por lo insólito, hasta dieron lugar a una reacción política. La filial porteña del partido que a nivel nacional preside el diputado electo Martín Sabbatella, Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), advirtió en agosto sobre el desalojo administrativo del inmueble de la Asociación Civil Encuentro Uruguayo-Argentino "Casa Zitarrosa", dispuesto por el Gobierno de la Ciudad y que implicó un drástico cambio de política: en 2005, el Ejecutivo porteño les había otorgado la tenencia precaria y gratuita del inmueble de Villa Urquiza. La Asociación, presidida por Cristina Zitarrosa, hermana del reconocido cantautor Alfredo Zitarrosa, tiene como objetivo difundir la cultura uruguaya en nuestro país. El EDE repudió las medidas del Gobierno porteño y lo instó a reflexionar acerca del "despropósito que importa el desalojo a una entidad que viene desarrollando una labor de esta envergadura". Pidió, además, que se otorgue un inmueble donde pueda continuar llevando a cabo sus actividades de difusión y promoción cultural. Fue el gobierno nacional, más tarde, el que terminó respondiendo a ese pedido: le cedió a la Casa Zitarrosa un espacio en un edificio sobre la calle Bartolomé Mitre al 2000, donde funcionan la embajada de Bolivia y viarias instituciones sociales. Pero el Estado nacional no tuvo el mismo gesto con las organizaciones que trabajan en el predio de la estación de trenes Federico Lacroze, en Chacarita. El 31 de julio, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) les envió una carta documento intimando al desalojo del espacio en el que se hospedan y trabajan 22 organizaciones sociales. "El desalojo no significa sólo abandonar el edificio: también implica destruir todo el trabajo social que hicimos en estos 10 años, ocupando espacios que el Estado dejó vacíos", denuncia Federico Arce, integrante de una de ellas, la Mutual Sentimiento, donde trabajan 100 jefes y jefas de familia. En el sexto piso funciona el Sexto Kultural, cooperativa artística que desde hace cinco años brinda talleres a la gorra y espectáculos en diferentes disciplinas. "Se brinda arte a voluntad y trabajamos totalmente autogestionados", anuncian en su página web. Arce aclara que lo "contradictorio" de la situación es que hace un par de años el propio Estado nacional les dio un comodato para que pudieran utilizar el predio. Ahora, la respuesta obtenida de la reunión de la Mutual con representantes del Ministerio de Planificación Federal fue que paguen un alquiler de cien mil pesos mensuales por ese viejo edificio que había sido rechazado por las empresas privadas en los '90 por "inservible y costoso de mantener". De más está decir que para los miembros de la mutual es imposible costear ese contrato. "La situación es muy complicada, pero vamos a seguir en la lucha y la resistencia", asegura Arce. El desalojo, por ahora, no se produjo. En el ámbito de la administración porteña, otro centro cultural que también resiste es el Complejo Cultural 25 de Mayo. Se trata de un viejo espacio municipal que, tras años de abandono, fue recuperado por los vecinos. Ante esto, y como había quedado fuera de la estructura administrativa de la Ciudad, a fines del 2008 un decreto lo puso bajo la órbita de la dirección del Centro Cultural General San Martín. "A principios de este año presentamos a los actuales funcionarios nuestro Proyecto de Gestión Consensuada y les llevamos también el acta firmada en octubre del 2004 con los entonces funcionarios del Ministerio de Cultura porteño. Allí se determinaba que complejo sería administrado entre los vecinos y el Gobierno", relata Mónica Pérez, una de las integrantes de la organización social. La respuesta del gobierno fue terminante: "Esta administración no considera que los vecinos puedan gestionar". Mientras, en la legislatura duerme la siesta un proyecto de ley para normalizar la situación de este espacio, reconociéndole participación en la gestión a quienes lo habían recuperado. Los mismos que, aún contra la falta de apoyo, hasta ahora logran mantener unos 11 talleres quincenales gratuitos y manteniendo abierto el Complejo. Carolina Aguirre Estefania Aguirres Maximiliano Centurión Mariano Engel Jimena Riveros * Estudiantes de tercer año de la carrera de Periodismo en ETER. 26/10/2009 Comentarios: contenidos@eter.com.ar La cultura en la mira Aquí, algunos de los centros culturales porteños, independientes y también oficiales, que hoy funcionan sin apoyo, en situación precaria o directamente bajo amenaza de desalojo. - Vecinos por el 25 de Mayo. Grupo de vecinos de Villa Urquiza que lograron la recuperación del cine teatro 25 de mayo. La promesa fue que pudieran gestionarlo junto al gobierno. - Centro Cultural del Sur del Gobierno de la Ciudad. Hace varios meses fue clausurado a causa de que el propio Gobierno no realizó las reparaciones indispensables para mantenerlo funcionando. Cerraron los talleres y levantaron todos los espectáculos programados en el auditorio. - Cirko Trivenchi. Centro cultural alternativo circense de Constitución, con orden de desalojo. - Movimiento Afrocultural Bonga. Centro cultural alternativo afro, con orden de desalojo. - Centro Cultural Plaza Defensa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Será cedido al Movimiento Afrocultural, con lo cual quedarán en la calle los trabajadores y se cancelará la programación artística prevista hasta fin de año. - Centro Cultural 20 Flores, de la Asamblea de Flores. acaba de recibir el primer aviso de desalojo. - El Sexto Kultural. Centro cultural alternativo con orden de desalojo que afecta también a la Mutual Sentimiento y otras organizaciones sociales y cooperativas de trabajo agrupadas en un edificio de la estación Federico Lacroze, en Chacarita. - IMPA La Fábrica Ciudad Cultural. Cooperativa de trabajadores que recuperaron la fábrica, con orden de desalojo que afecta también al centro cultural que crearon en el lugar. - Casa de la Cultura Compadres del Horizonte. Fue clausurado el salón en el que tocaban grupos musicales por no cumplir las condiciones de seguridad post Cromañón. Con ese ingreso sostenían el merendero y las actividades sociales para los chicos del barrio. - Casa Zitarrosa - Centro cultural uruguayo-argentino. Liderado por Cristina Zitarrosa, hermana de Alfredo Zitarrosa, el gran cantautor y poeta uruguayo. Fue desalojado de su sede de Villa Urquiza donde realizaban talleres. Actualmente funciona en un espacio cedido por el Gobierno nacional. - La Huerta Orgázmika y Centro Cultural La Sala. La huerta que funcionaba desde hace varios años en terrenos linderos a las vías del Ferrocarril Sarmiento, estación Caballito, fue violenta y completamente arrasada con topadoras durante una madrugada de agosto de este año. El Centro Cultural La Sala, vinculado a la huerta, sigue en actividad. - Grupo de Cine Libre de Parque Rivadavia. El Gobierno de la Ciudad, mediante la UCEP (Unidad de Control de los Espacios Públicos) y la policía, intenta impedir que continúen las actividades culturales gratuitas que el colectivo de cine y otros artistas callejeros desarrollan en el Parque.