La UCEP según Dios
Doce denuncias recibió la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de víctimas como de testigos, relacionadas con el accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) desde que ésta se conformó, el 21 de octubre de 2008. El grupo depende de la Subsecretaría del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Según se desprende del decreto 1232/08, este organismo tiene entre otros objetivos el de "mejorar el orden y la organización en el espacio público".
Ricardo Dios, responsable de Seguridad Urbana de la Defensoría, sostiene que "la ilegalidad no surge sólo de las conductas de los agentes o funcionarios del Gobierno de la Ciudad involucrados, sino también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas", y concluye: "De alguna manera viene a alojar, desde una cortina legal, prácticas delictivas".
Entre las 12 denuncias, se destaca la de Gustavo Diego Pérez, un cartonero, quien el 2 de octubre en la esquina de Independencia y Lima, fue abordado por 13 personas que se trasladaban en cuatro autos y un camión de recolección de residuos, según la denuncia, con patente EXG115. Lo llamativo de este último dato, según investigó la Defensoría, es que el vehículo estaba a nombre del Gobierno de la Ciudad. Así es que este organismo envió, a principios de noviembre de 2008, un oficio al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Aún no recibió ninguna respuesta. Independientemente de ese detalle, a Pérez y a su acompañante le sacaron su carrito, en el que tenían "toda la recolección del día", sumado, a sus documentos, que fueron "destruidos".
Según afirmó Pérez, la UCEP "actúa luego de las 12 de la noche, cada dos o tres días, recorriendo toda la 9 de Julio y manejándose en forma amenazante, sin identificación, poniendo en riesgo la integridad física" de quienes se encuentran en situación de calle. Dios coincide con Pérez y agrega que "proceden durante la madrugada, especialmente debajo de las autopistas", aunque últimamente, ante las denuncias y la difusión pública que tuvo el tema, más cuidadosamente: "El momento de mayor tensión fue durante octubre y noviembre del año pasado", afirmó.
Con respecto a la participación de la Policía Federal Argentina (PFA), esta dice ir a cualquier lugar que le pidan los funcionarios del Gobierno, pero niegan las acciones de la UCEP. "Su función es solo la de custodiar la zona y, de hecho, no tenemos denuncias contra ningún policía", informa Dios.
El programa Buenos Aires Presente (BAP), que consiste en un servicio gratuito para personas "en situación de calle, riesgo social y/o derechos vulnerados", da atención telefónica mediante la línea 108. Pero según algunas versiones recogidas por ETER, la información recibida en ese servicio a veces es utilizada por la UCEP para saber dónde dirigirse y "desalojar el espacio público", que es uno de sus objetivos, según el anexo 2/13.
En los próximos meses, se conocerá un informe de más de 40 páginas, que detallan el accionar del organismo, y que contaría con las firmas de quienes lo están elaborando: de la Defensoría de la Ciudad, la Defensoría de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Leandro Maccarone
Victoria Franco
14/09/2009
Comentarios: contenidos@eter.com.ar
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